Al Congreso de la Unión
A la opinión pública
México requiere finanzas públicas sanas que se sustenten en una política tributaria competitiva y sencilla, con una base universal de contribuyentes y que cierre espacios a la informalidad.
Es también fundamental un gasto público adecuadamente orientado y administrado, en el que el combate a la pobreza, la seguridad pública, la educación de calidad y la salud tengan el lugar de privilegio que reclama la sociedad. Sólo así será posible construir un sistema hacendario sólido, claro y transparente, que premie la generación de empleos y la inversión.
Entre 1999 y 2009 la renta petrolera ha financiado 40% del gasto público, el cual ha aumentado 74%, mientras la economía sólo ha registrado un crecimiento acumulado de 19.2%. La mayor parte de esos recursos se ha orientado a gasto corriente, que incide marginalmente en nuestro desarrollo. Esa es la verdadera causa de nuestro problema.
En el paquete económico 2010 el esfuerzo de reducción del gasto es insuficiente, pues propone un presupuesto de egresos superior en 3.2% a lo que se gastará en 2009. Más grave aún, plantea que el gasto corriente nuevamente crezca en 5.3%, y el de capital se reduzca 10.1%. Además, una parte relevante de este presupuesto se ejerce sin vigilancia ni rendición de cuentas, situación que se debe corregir.
Es claro que todavía existe un amplio margen para reducir gastos. Por ello, consideramos que el dictamen de la iniciativa debe incorporar los siguientes ajustes:
1. Desmantelar estructuras redundantes e ineficaces, y reducir el exceso de personal en el Ejecutivo Federal. En las paraestatales, alinear sus indicadores de productividad laboral a los que se observan en empresas similares en el mundo, incluyendo las prestaciones y la eliminación de prebendas.
2. Recortar las estructuras estatales y municipales, así como corregir y transparentar el gasto. Tan sólo en los últimos tres años el sobre-ejercicio en los estados supera los 350 mil millones de pesos, cifra equivalente al déficit previsto para 2010.
3. Eliminar o reorientar los programas y subsidios indiscriminados que no demuestren su efectividad y que no establezcan con precisión su padrón de beneficiarios.
4. Reducir los costos de las campañas, partidos políticos e institutos electorales, pues el costo de nuestra democracia es, por mucho, superior a cualquier otro país de América Latina.
5. Regular y transparentar el uso de los recursos públicos por parte de los sindicatos y eliminar abusos y prebendas.
6. Para  mitigar la corrupción, a partir del 2010 todo pago con dinero público deberá hacerse a través de transferencias electrónicas o cheque nominativo para depósito en cuenta del beneficiario.
En un entorno económico que demanda ahorros, es indispensable que todos los órdenes de gobierno, incluyendo órganos autónomos, se manejen con austeridad para que su esfuerzo sea congruente con el que se les pide a los ciudadanos.
Debemos reorientar el uso de los recursos privilegiando que México crezca a tasas superiores a 5%. Ello implica que la suma de la inversión pública y privada sea superior a 25% del PIB cada año, lo que sería viable únicamente con metas e incentivos alineados.
El esfuerzo es de todos. Si no usamos mejor los recursos con los que contamos, de nada sirve y es injustificable cobrar más impuestos.